El periodista Joaquín Pérez Becerra se encuentra preso en las cárceles colombianas, con acusaciones falsas, y pese a ser refugiado político y sueco. Esta injusta detención hace parte de una práctica de criminalización de la lucha social y de cualquier tipo de disidencia que denuncie la violación a los DDHH en Colombia. Esta estrategia de criminalización implica "sembrar" pruebas falsas y múltiples formas de manipulación judicial y mediática.
Hay que saber que solo en 2011 han sido asesinados por tortura y denegación médica 5 presos políticos en las cárceles colombianas.
El gobierno de Santos afirma que las pruebas que comprometen a Pérez Becerra fueron encontradas en las computadoras del líder guerrillero Raúl Reyes, tras el ataque que violó la soberanía de Ecuador y tuvo como saldo la muerte de Reyes y de unas 20 personas más, entre las cuales un civil ecuatoriano y 4 estudiantes mexicanos internacionalistas. Por otro lado se rompió la cadena de custodia de dichas "pruebas", y la misma Interpol ha tenido que reconocer que hay miles de archivos creados en fechas posteriores al bombardeo. Con lo cual, o los creó el fantasma de Raúl Reyes, o algún agente de la policía colombiana. Pese a la invalidez legal de tales "pruebas", el sistema judicial las usa para enjaular al pensamiento crítico.
Lamentablemente, habiendo podido evitar la entrega del comunicador; las autoridades venezolanas, eligieron saltarse las leyes venezolanas y el DIH, y entregar al periodista al régimen colombiano, habiendo sido previamente incomunicado, privado de abogados y de acceder a la representación consular sueca. El periodista Joaquín Pérez Becerra pasa a engrosar la penosa lista de más de 7.500 presos políticos en Colombia.
Nos solidarizamos con los 7.500 presos políticos encarcelados bajo montajes judiciales y repudiamos los acuerdos de entrega de perseguidos políticos firmados entre Santos y Chávez. Le pedimos al gobierno venezolano que, en virtud de todo el apoyo que ha recibido de millones de revolucionarios del mundo, sea consecuente con su discurso anti-imperialista, y cancele urgentemente los acuerdos de entrega de perseguidos políticos, para no involucrar más a Venezuela en la complicidad del genocidio contra el pueblo colombiano, y no reeditar una versión penosa del macabro Plan Cóndor.
Basta ya de mentiras: sí que había otra opción
Había muchas opciones para evitar esta entrega de un perseguido político. Respetar las leyes, por ejemplo. Entregaron al periodista violando todas las leyes: el DIH, los DDHH, la constitución venezolana, la Convención Contra la Tortura, el Convenio de Viena, el Estatuto del Refugiado, etc... Había un amparo legal inmenso bajo el cual se hubiera podido acoger el gobierno venezolano para evitar el colaboracionismo con el régimen más atroz de América Latina.
Eso de que "no había otra opción, era una papa caliente" es un cuento, y un insulto a la inteligencia de los pueblos: cuando ya está más que demostrado que había una opción muy decorosa; NO violar las leyes.
¿Quién hubiera podido reprochar algo al gobierno venezolano si se hubiera atenido a las leyes? ¡Nadie!
En cambio el gobierno venezolano eligió saltarse todas las leyes, y vulnerar el DIH, sentado así un precedente gravísimo para la vida de millones de refugiados.
No más mentiras. La censura no ayuda al proceso venezolano, sólo fortalece a la derecha incrustada en el PSUV. La crítica es vital. No se pueden apoyar pactos de entrega de perseguidos políticos, con secuestro incluido, al estilo Plan Cóndor. Y menos de la mano de un gobierno que hemos apoyado. Se debe dar el debate.
El periodista es un ser humano, no un tubérculo: seguir deshumanizándolo es una estrategia para quitarse responsabilidad. Esta entrega forma parte de acuerdos de entrega de perseguidos políticos, cuyo contenido deberíamos pedir sea sacado a la luz: este es el tema central que está en juego, y por lo cual es importante que se de el debate.
En tono irónico
Tal vez para algunos ahí radica el fondo de la cuestión: como para ellos se trataba de un tubérculo y no de un ser humano, ¿entonces por qué iban a respetar su derechos humanos, o el DIH, o el estatuto del refugiado, o la convención contra la tortura? ....¡si esas leyes no se aplican a una papa !
En tono DIH
Le corresponde a Venezuela pedir la retroacción de esa medida, ya que ha violado el DIH: la figura de la retroacción está contemplada para resarcir este tipo de violaciones al DIH.
No le hacemos un bien al proceso en Venezuela, que tanto hemos apoyado, ni a nosotros mismos, permitiendo que se quebrante así el DIH.
Esto es un atentado contra la libertad de expresión, perpetrado por el gobierno colombiano y sus cómplices: coarta la libertad no sólo de Joaquín Pérez, sino de todos los periodistas críticos, y el quebrantamiento del DIH es parte del mensaje de terror, no es fortuito. Por lo tanto es imprescindible que se abra el debate.
Para la aplicación de la circular de Interpol se requiere un debido proceso. Y en el caso de Pérez Becerra se hubiera anulado la circular con relación a la entrega a Colombia, por lo previsto en la misma interpol: que impide la entrega si hay motivos políticos. Joaquín estaba amparado por el Estatuto del Refugiado, y amparado por el DIH y la Convención contra la Tortura. Pero le violaron todos sus derechos.
Hay varios casos que podemos nombrar en que, incluso con circular de Interpol, no se procedió a extradición; claro en esos casos sí hubo el debido proceso, y se pudieron defender con abogados (lo que le fue negado al periodista Pérez Becerra); incluso son casos tan jalados de los pelos para el argumento "político" que resultan indignantes, y hacen el caso de Joaquín Pérez aún más triste y terrible: el mercenario israelí Yair Klein no fue entregado por Rusia por aducir "motivos políticos", los banqueros venezolanos tampoco, por el mismo motivo aducido... Pero al periodista lo pisotearon totalmente.
En tono ético
¿Es acaso “revolucionario” entregar a un perseguido político a sus verdugos, a manos de quiénes asesinaron a su esposa? ¿Es acaso humano entregar a un hombre a la prisión traicionando su confianza y la de miles ? ¿ Es ético pagarle de esta manera a un hombre que siempre defendió el proceso venezolano? ¿Es ético aducir “razón de Estado” cuando es obvio que había otra salida que era la salida legal?
En tono coherencia
El 10 de mayo el instituto británico de estudios IISS hizo público su informe acerca de los ordenadores que el estado colombiano atribuye a Raúl reyes, los apodados popularmente “computadores mágicos”.
Los 'estudios' del IISS son parte de la derecha mundial, y es obvio que van a involucrar a Venezuela en esos "computadores mágicos". Por eso también es tan grave haber entregado al periodista, porque al hacerlo, Venezuela legitimó que esos computadores podían fungir de "pruebas" . O sea que lo que hizo Venezuela con el periodista, legitima la cuerda que busca ahorcarla.
Ahora Venezuela con qué cara va a poder decir que esos ordenadores no son válidos como "pruebas", si acaba de entregar a un refugiado, perseguido político, periodista, en violación del DIH y de todos los convenios internacionales, solamente porque Santos le dijo que había "sólidas pruebas contra el periodista" en los ordenadores mágicos ¿!!!?
Lo mejor hubiera sido que Venezuela respetara el DIH y el debido proceso: porque una circular de Interpol (en caso de que realmente existiera), ¡no da derecho a secuestrar!
Ahora, lo que más le conviene a Venezuela es pedir la retroacción de la entrega: es lo que le compete según el DIH, por haber violado el debido proceso; y además es lo que le compete si quiere invalidar y no validar las "pruebas" de los computadores mágicos.
La censura sólo ayuda a la derecha
La censura no ayuda al proceso venezolano, sólo fortalece a la derecha incrustada en el PSUV. La crítica es vital. No se pueden apoyar pactos de entrega de perseguidos políticos, con secuestro incluido y todo; menos de la mano de un gobierno que hemos apoyado. Se debe dar el debate.
Queremos seguir apoyando el proceso venezolano, si accede al debate sano y cesa de criminalizar la crítica. Porque tristemente la respuesta del gobierno venezolano a los pedidos de explicación ha sido criminalizar la crítica: cómo lo hicieron contra el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y otras organizaciones populares. No aceptamos el silencio y la censura. Y la destitución, ayer, de la directora de la Radio del Sur por orden de la derecha del PSUV es inadmisible. Hay que saber que la Radio del Sur es uno de los pocos medios venezolanos que se atrevió a informar sobre el atropello cometido contra el periodista Joaquín Pérez Becerra, y que se atrevió a preguntar sobre los acuerdos de entrega de perseguidos políticos, firmados entre Chávez y Santos.
Y destituyendo a la directora pretenden lograr la transformación de la Radio, así como desde hace un tiempo lo vienen logrando, tristemente, con otros medios. La derecha del PSUV corroe la ética y los fundamentos del poder popular fundamentales para el proceso. Esta destitución es orden directa del derechista ministro de comunicación que elaboró el comunicado contra Joaquín, ocultando su nacionalidad sueca y tratándolo de "terrorista".
Es el mismo Izarra que llamó para censurar a varios periodistas que quisieron, en Telesur y otros medios, anunciar la nacionalidad Sueca del periodista: fue gracias a la censura que ocultaron la nacionalidad del periodista el tiempo justo para entregarlo a los verdugos colombianos.
Queremos seguir apoyando ese proceso; pero de ninguna manera vamos a apoyar que se firmen pactos de cacería humana, de entrega de perseguidos políticos. No seremos cómplices de eso.
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Hay que saber que solo en 2011 han sido asesinados por tortura y denegación médica 5 presos políticos en las cárceles colombianas.
El gobierno de Santos afirma que las pruebas que comprometen a Pérez Becerra fueron encontradas en las computadoras del líder guerrillero Raúl Reyes, tras el ataque que violó la soberanía de Ecuador y tuvo como saldo la muerte de Reyes y de unas 20 personas más, entre las cuales un civil ecuatoriano y 4 estudiantes mexicanos internacionalistas. Por otro lado se rompió la cadena de custodia de dichas "pruebas", y la misma Interpol ha tenido que reconocer que hay miles de archivos creados en fechas posteriores al bombardeo. Con lo cual, o los creó el fantasma de Raúl Reyes, o algún agente de la policía colombiana. Pese a la invalidez legal de tales "pruebas", el sistema judicial las usa para enjaular al pensamiento crítico.
Lamentablemente, habiendo podido evitar la entrega del comunicador; las autoridades venezolanas, eligieron saltarse las leyes venezolanas y el DIH, y entregar al periodista al régimen colombiano, habiendo sido previamente incomunicado, privado de abogados y de acceder a la representación consular sueca. El periodista Joaquín Pérez Becerra pasa a engrosar la penosa lista de más de 7.500 presos políticos en Colombia.
Nos solidarizamos con los 7.500 presos políticos encarcelados bajo montajes judiciales y repudiamos los acuerdos de entrega de perseguidos políticos firmados entre Santos y Chávez. Le pedimos al gobierno venezolano que, en virtud de todo el apoyo que ha recibido de millones de revolucionarios del mundo, sea consecuente con su discurso anti-imperialista, y cancele urgentemente los acuerdos de entrega de perseguidos políticos, para no involucrar más a Venezuela en la complicidad del genocidio contra el pueblo colombiano, y no reeditar una versión penosa del macabro Plan Cóndor.
Basta ya de mentiras: sí que había otra opción
Había muchas opciones para evitar esta entrega de un perseguido político. Respetar las leyes, por ejemplo. Entregaron al periodista violando todas las leyes: el DIH, los DDHH, la constitución venezolana, la Convención Contra la Tortura, el Convenio de Viena, el Estatuto del Refugiado, etc... Había un amparo legal inmenso bajo el cual se hubiera podido acoger el gobierno venezolano para evitar el colaboracionismo con el régimen más atroz de América Latina.
Eso de que "no había otra opción, era una papa caliente" es un cuento, y un insulto a la inteligencia de los pueblos: cuando ya está más que demostrado que había una opción muy decorosa; NO violar las leyes.
¿Quién hubiera podido reprochar algo al gobierno venezolano si se hubiera atenido a las leyes? ¡Nadie!
En cambio el gobierno venezolano eligió saltarse todas las leyes, y vulnerar el DIH, sentado así un precedente gravísimo para la vida de millones de refugiados.
No más mentiras. La censura no ayuda al proceso venezolano, sólo fortalece a la derecha incrustada en el PSUV. La crítica es vital. No se pueden apoyar pactos de entrega de perseguidos políticos, con secuestro incluido, al estilo Plan Cóndor. Y menos de la mano de un gobierno que hemos apoyado. Se debe dar el debate.
El periodista es un ser humano, no un tubérculo: seguir deshumanizándolo es una estrategia para quitarse responsabilidad. Esta entrega forma parte de acuerdos de entrega de perseguidos políticos, cuyo contenido deberíamos pedir sea sacado a la luz: este es el tema central que está en juego, y por lo cual es importante que se de el debate.
En tono irónico
Tal vez para algunos ahí radica el fondo de la cuestión: como para ellos se trataba de un tubérculo y no de un ser humano, ¿entonces por qué iban a respetar su derechos humanos, o el DIH, o el estatuto del refugiado, o la convención contra la tortura? ....¡si esas leyes no se aplican a una papa !
En tono DIH
Le corresponde a Venezuela pedir la retroacción de esa medida, ya que ha violado el DIH: la figura de la retroacción está contemplada para resarcir este tipo de violaciones al DIH.
No le hacemos un bien al proceso en Venezuela, que tanto hemos apoyado, ni a nosotros mismos, permitiendo que se quebrante así el DIH.
Esto es un atentado contra la libertad de expresión, perpetrado por el gobierno colombiano y sus cómplices: coarta la libertad no sólo de Joaquín Pérez, sino de todos los periodistas críticos, y el quebrantamiento del DIH es parte del mensaje de terror, no es fortuito. Por lo tanto es imprescindible que se abra el debate.
Para la aplicación de la circular de Interpol se requiere un debido proceso. Y en el caso de Pérez Becerra se hubiera anulado la circular con relación a la entrega a Colombia, por lo previsto en la misma interpol: que impide la entrega si hay motivos políticos. Joaquín estaba amparado por el Estatuto del Refugiado, y amparado por el DIH y la Convención contra la Tortura. Pero le violaron todos sus derechos.
Hay varios casos que podemos nombrar en que, incluso con circular de Interpol, no se procedió a extradición; claro en esos casos sí hubo el debido proceso, y se pudieron defender con abogados (lo que le fue negado al periodista Pérez Becerra); incluso son casos tan jalados de los pelos para el argumento "político" que resultan indignantes, y hacen el caso de Joaquín Pérez aún más triste y terrible: el mercenario israelí Yair Klein no fue entregado por Rusia por aducir "motivos políticos", los banqueros venezolanos tampoco, por el mismo motivo aducido... Pero al periodista lo pisotearon totalmente.
En tono ético
¿Es acaso “revolucionario” entregar a un perseguido político a sus verdugos, a manos de quiénes asesinaron a su esposa? ¿Es acaso humano entregar a un hombre a la prisión traicionando su confianza y la de miles ? ¿ Es ético pagarle de esta manera a un hombre que siempre defendió el proceso venezolano? ¿Es ético aducir “razón de Estado” cuando es obvio que había otra salida que era la salida legal?
En tono coherencia
El 10 de mayo el instituto británico de estudios IISS hizo público su informe acerca de los ordenadores que el estado colombiano atribuye a Raúl reyes, los apodados popularmente “computadores mágicos”.
Los 'estudios' del IISS son parte de la derecha mundial, y es obvio que van a involucrar a Venezuela en esos "computadores mágicos". Por eso también es tan grave haber entregado al periodista, porque al hacerlo, Venezuela legitimó que esos computadores podían fungir de "pruebas" . O sea que lo que hizo Venezuela con el periodista, legitima la cuerda que busca ahorcarla.
Ahora Venezuela con qué cara va a poder decir que esos ordenadores no son válidos como "pruebas", si acaba de entregar a un refugiado, perseguido político, periodista, en violación del DIH y de todos los convenios internacionales, solamente porque Santos le dijo que había "sólidas pruebas contra el periodista" en los ordenadores mágicos ¿!!!?
Lo mejor hubiera sido que Venezuela respetara el DIH y el debido proceso: porque una circular de Interpol (en caso de que realmente existiera), ¡no da derecho a secuestrar!
Ahora, lo que más le conviene a Venezuela es pedir la retroacción de la entrega: es lo que le compete según el DIH, por haber violado el debido proceso; y además es lo que le compete si quiere invalidar y no validar las "pruebas" de los computadores mágicos.
La censura sólo ayuda a la derecha
La censura no ayuda al proceso venezolano, sólo fortalece a la derecha incrustada en el PSUV. La crítica es vital. No se pueden apoyar pactos de entrega de perseguidos políticos, con secuestro incluido y todo; menos de la mano de un gobierno que hemos apoyado. Se debe dar el debate.
Queremos seguir apoyando el proceso venezolano, si accede al debate sano y cesa de criminalizar la crítica. Porque tristemente la respuesta del gobierno venezolano a los pedidos de explicación ha sido criminalizar la crítica: cómo lo hicieron contra el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y otras organizaciones populares. No aceptamos el silencio y la censura. Y la destitución, ayer, de la directora de la Radio del Sur por orden de la derecha del PSUV es inadmisible. Hay que saber que la Radio del Sur es uno de los pocos medios venezolanos que se atrevió a informar sobre el atropello cometido contra el periodista Joaquín Pérez Becerra, y que se atrevió a preguntar sobre los acuerdos de entrega de perseguidos políticos, firmados entre Chávez y Santos.
Y destituyendo a la directora pretenden lograr la transformación de la Radio, así como desde hace un tiempo lo vienen logrando, tristemente, con otros medios. La derecha del PSUV corroe la ética y los fundamentos del poder popular fundamentales para el proceso. Esta destitución es orden directa del derechista ministro de comunicación que elaboró el comunicado contra Joaquín, ocultando su nacionalidad sueca y tratándolo de "terrorista".
Es el mismo Izarra que llamó para censurar a varios periodistas que quisieron, en Telesur y otros medios, anunciar la nacionalidad Sueca del periodista: fue gracias a la censura que ocultaron la nacionalidad del periodista el tiempo justo para entregarlo a los verdugos colombianos.
Queremos seguir apoyando ese proceso; pero de ninguna manera vamos a apoyar que se firmen pactos de cacería humana, de entrega de perseguidos políticos. No seremos cómplices de eso.
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